Cecilia María Vélez fue ministra de Educación de Colombia entre los años 2002 y 2010, los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. En la siguiente entrevista habla de cómo el conflicto armado era un obstáculo para la educación de los menores de las zonas más apartadas del país, y, en consecuencia, explica de qué manera esa situación ha puesto a Colombia en desventaja frente a los niveles de educación de otros países de la región.
De acuerdo con el Registro único de Víctimas, entre enero de 1985 y mayo de 2016, fueron desplazadas 7.301.320 personas dentro y fuera del territorio nacional. Yurany Murcia- de 21 años de edad- su esposo, sus dos hijos y su madre hacen parte de esa cifra desde el año 2015, cuando fueron obligados a abandonar la vida que llevaban en el Putumayo, tras recibir amenazas de un grupo guerrillero.
Yurani también hace parte del 87% de las personas desplazadas que provienen de zonas rurales- el porcentaje lo revela el informe Una nación desplazada, del Centro Nacional de Memoria Histórica, publicado en 2015-. Entre las cuestiones que más la atormentan es la dificultad para seguir estudiando la carrera técnica que estaba a punto de culminar cuando nuevamente fue amenazada.
Johana Morteri, una joven de 23 años, relata que desde que tenía nueve años recibe amenazas de la guerrilla. Hoy recuerda cómo hombres de esa organización se atrevían a irrumpir violentamente en los colegios en los que ella estuvo, intentando secuestrarla.
Según el informe Una nación desplazada, del Centro Nacional de Memoria Histórica, 1.211.286 adultos jóvenes entre los 18 y 26 años han sido víctimas de desplazamiento. Las adversidades a las que deben enfrentarse para continuar con sus estudios superiores son, entre otros, lograr un cupo en una universidad, conseguir el dinero para la matrícula, adquirir los implementos académicos y satisfacer las necesidades básicas. No obstante, personas como Johana logran sobrepasar los obstáculos que la falta de garantías les impone.
Nubia Arango fue profesora de la escuela San Martín de Porres en Medellín. Allí vio surgir las bandas criminales que afectaron la vida escolar de los barrios periféricos de la ciudad, poblados – en su mayoría- por campesinos desplazados que llegan a la ciudad huyendo de las distintas formas de violencia que se manifiestan en las zonas rurales del departamento de Antioquia.
Las amenazas de las bandas criminales que rodeaban la escuela San Martín de Porres se volvieron cada vez más frecuentes y los enfrentamientos y amenazas obligaron a que Nubia y sus compañeras dejaran la institución. De acuerdo con la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 73.729 personas han sido víctimas de amenazas en el departamento de Antioquia, entre enero de 1985 y marzo de 2016.
