CRÉDITOS

Las agendas mediáticas nacionales le han dado, esporádicamente, un lugar importante al Caquetá, por ser epicentro de hechos violentos propios del conflicto armado. Pero, sobre todo, la región cobró relevancia para el país desde finales de 1998 cuando San Vicente del Caguán- la segunda ciudad más importante del departamento- se convirtió en uno de los territorios que conformó la zona de distensión del fallido proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana. Tras el rompimiento de los diálogos entre el Estado y la guerrilla, llegó el olvido periodístico y, con él, una indiferencia social frente a las víctimas de la región.

 

Ubicada en el suroriente de Colombia, y con 483.846 habitantes -según la proyección para 2016 del último censo del Dane- Caquetá ha sido históricamente centro de operaciones del grupo guerrillero las Farc. Cuestión sustancial para entender el gran número de personas que desde allí se suma

a las cifras que reposan en la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Los siguientes datos corresponden a hechos acontecidos entre enero de 1985 y marzo de 2016.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) proyectó que en 2016 el presupuesto de inversión del departamento debería ser de aproximadamente 427 mil millones de pesos, según documento de la entidad titulado Regionalización presupuesto de inversión vigencia 2016, que se entrega a la Comisión Económica de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. De acuerdo con las necesidades de la población, los recursos convendrían destinarse a los sectores de inclusión social y reconciliación, salud y protección social, transporte, trabajo y vivienda, ciudad y territorio. Educación ocupa el octavo lugar, con un presupuesto de inversión de 19.930 millones de pesos.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR SECTOR

(cifras en millones de pesos)

Fuente: DNP. Regionalización presupuesto de inversión vigencia 2016.

De acuerdo con el documento, el monto asignado al sector educativo - 19.930 millones de pesos- se distribuye a los siguientes frentes: permanencia educativa (Icetex), fortalecimiento de la educación superior, infraestructura educativa, calidad educativa (prescolar, básica y media), universidades, otros programas, y Ley Estampilla (contribución parafiscal para fortalecer las universidades estatales).

PRINCIPALES INVERSIONES

  • Permanencia educativa Icetex

    8.313  millones de pesos

  • Fortalecimiento educación superior

    5.147  millones de pesos

  • Infraestructura educativa Ley 21

    3.478 millones de pesos

  • Calidad educativa, preescolar, básica y media

    1.230 millones de pesos

  • Universidades

    950 millones de pesos

  • Otros Programas

    564 millones de pesos

  • Ley Estampilla

    146 millones de pesos

  • Institutos

    102 millones de pesos

Fuente: DNP. Regionalización presupuesto de inversión vigencia 2016.

En los últimos seis años se han desvinculado de grupos armados ilegales, en Caquetá, 169 menores, según lo reporta la oficina de Bienestar Familiar del departamento.  Los municipios con mayor número de desvinculaciones son: Cartagena del Chairá, Curillo, Florencia y San Vicente del Caguán.

MUNICIPIOS DE DESVINCULACIONES

Caquetá es una de las zonas más vulnerables del país frente a todas las acciones propias del conflicto armado. En consecuencia, la Secretaría de Educación informa que entre las causas que conducen a la deserción escolar se encuentra la dependencia económica de algunas familias a los cultivos ilícitos, las altas tasas de desplazamiento, y el riesgo latente de la vinculación de niñas, niños y adolescentes a grupos armados ilegales.

 

Además, el ente gubernamental manifiesta que muchos padres de familia de estudiantes de las escuelas de áreas rurales son jornaleros y mayordomos, entre otros oficios, y un número importante de ellos trabaja en fincas por periodos cortos, aproximadamente 6 meses, lo que produce el cambio de domicilio y, en consecuencia, el abandono de las aulas por parte de los menores.

La Secretaría de Educación Departamental manifiesta que: “en aras de asegurar la asistencia y el no abandono de la escuela o colegio por parte de los niños y niñas de los municipios más afectados por el conflicto armado, se adelantan las siguientes estrategias: alimentación escolar, gratuidad educativa, desarrollo del bilingüismo, fortalecimiento del uso de nuevas tecnologías y atención en internados. Así mismo, construcción, reparación, mantenimiento de la infraestructura educativa y dotación de las instituciones escolares”.

 

Uno de los proyectos nacionales más fuertes para afrontar la deserción de las aulas en regiones vulnerables es el Programa de Alimentación Escolar (PAE). En Caquetá- entre el año 2013 y el año 2015- se invirtieron para la ejecución del programa 22 mil millones de pesos aproximadamente, según la Secretaría de Educación. El monto, además de incluir las raciones de desayuno (42.773) y almuerzo (9.534), contempla 1.224 cupos de almuerzos destinados a menores desplazados, para un promedio de 100 a 152 días.

INVERSIÓN EN PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

(cifras en millones de pesos)

Las instituciones educativas públicas, en tanto estructuras del Estado, se convirtieron en Colombia en blanco de los grupos armados ilegales, pese a que el Derecho Internacional Humanitario lo prohíbe. El 18 de junio de 2015 fue destruida la estructura física del colegio del Poblado, corregimiento de Santa Ramos, ubicado en el municipio Puerto Rico- Caquetá. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Educación departamental, el ataque fue perpetrado presuntamente por grupos al margen de la ley, con petardos y explosivos.

 

El ente educativo manifestó, en respuesta a un derecho de petición, que: “dicha destrucción incluyó el laboratorio de ciencias naturales, el de química y el de física. La sala de sistemas, el kiosco digital, material didáctico, pupitres, entre otros.  Como consecuencia, se generó el desplazamiento de algunas familias y, por ende, la disminución de la cobertura educativa”.

 

Se calcula que los daños ocasionados a la planta educativa suman, aproximadamente, 200 millones de pesos.

Entre el año 2011 y el año 2015 se registraron 187 amenazas a maestros de todo el departamento, de acuerdo con información entregada por la Secretaría de Educación. San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y San José del Fragua son los municipios en los que se reporta, cada año, mayor repetición del delito. En consecuencia, representan, del total de las amenazas, el 25%, el 8% y el 9% respectivamente. La Dirección Técnica de Derechos Humanos de Fecode ratifica que el sindicato de docentes de esta región del país es uno de los más golpeados en la historia del conflicto armado.